La empresa Safety Enforcement Seguridad Vial, mediante una acción de protección, demandó al Municipio de Ambato el pago de más de cuarenta millones de dólares por los fotoradares en la ciudad. Bajo el patrocinio de nuestro socio Gabriel Borja, como abogado del Municipio de Ambato, se demostró en segunda instancia que la vía de la reclamación no fue la correcta, por lo que acepto el recurso de apelación y se evitó el pago de esta cuantía que fuera dispuesta en esta instancia.

Más información en la causa 12283-2021-01280.